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CONFERENCIAS EPISCOPALES DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
Miercoles 24 de Septiembre del 2014
Por qué desde Cáritas Uruguaya también decimos NO A LA BAJA
En estos momentos se está realizando un nuestro país la campaña electoral de cara a las próximas elecciones presidenciales del día 26 de octubre. En ese mismo acto eleccionario se votara un plebiscito para aprobar o no bajar la edad penal de imputabilidad de los menores de 18 a 16 años.

Antecedentes

Desde el primer momento, instintivamente, nos posicionamos en contra de la misma por varias razones:

  • Por tener un acento marcadamente electoralista. Es decir de búsqueda del voto aprovechándose de quienes podrían estar sufriendo más las situaciones de violencia social: las personas mayores, o quienes hayan padecido algún acto delictivo.
  • Por faltar a la verdad. La propuesta del sector que impulsa el “si a la baja” no dice toda la realidad sobre el ordenamiento jurídico del país al respecto.
  • Por el carácter elitista, excluyente y castigador de los adolescentes en situaciones de pobreza, carencia de recursos y de oportunidades; un colectivo que no puede expresarse ni ejercer sus derechos hasta los 18 años y si sería castigable como adulto a los 16.
  • Por ser profundamente antievangélica, los gestos y la propuesta de Jesús siempre son inclusivos, incorporan, y aceptan a cada persona como es.

 

La realidad

  • Sostenemos que el mensaje que se quiere hacer creer es que hace falta tratar a los adolescentes de entre 16 y 18 años como a los adultos, imponerles penas y castigos con toda la fuerza de la ley, condenarlos y encarcelarlos  para que la sociedad recupere la paz, porque son los responsables del clima de inseguridad que padecemos en el país.

Sin embargo, según datos de la Suprema Corte de Justicia, las infracciones cometidas por los y las adolescentes constituyen el 6 % del total de los procesamientos en nuestro país.

  • Del total de delitos cometidos por adolescentes 2% de ellos son contra la persona y el 98% son contra la propiedad.
  • El número de personas privadas de libertad en el país en estos momentos es de unas 10.000. El número de los menores infractores, las y los adolescentes internados en los hogares no llega a los 600.
  • En el 2011 hubo en nuestro país cerca de 15.000 denuncias por violencia doméstica, 32 mujeres asesinadas, 467 víctimas fatales en accidentes de tránsito y 548 suicidios.
  • Ahora al tener canales con noticieros  con más frecuencia, la noticia de un homicidio se transmite unas 20 veces en el día y parece que fueron 20 homicidios.
  • Según los datos aportados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), la infantilización de la pobreza sigue siendo un problema grave en nuestro país, ya que entre el 40 y 45 % de los niños menores de 12 años vive en hogares cuyos ingresos no alcanzan a satisfacer sus necesidades básicas.
  • Los niveles de exclusión del sistema educativo formal, la segregación habitacional, la falta de propuestas promocionales para adolescentes, la explotación sexual, la violencia doméstica, entre otros, afectan a la mayor parte de los y las adolescentes y generan situaciones de vulneración de derechos humanos trazando caminos de exclusión social. Las niñas, niños y adolescentes en nuestro país no son el peligro, están en peligro y esa debería ser la preocupación y la ocupación de un Uruguay que busca seguridad y ofrecer un futuro digno para todas las personas del mismo. Como experto en el tema de la privación de libertad decía el subdirector de la cárcel de Punta de Rieles Luis Parodi, que alrededor del 90 por ciento de quienes se encuentran en centros de reclusión de adolescentes o de adultos provienen de hogares pobres.
  • Es importante que sepamos que los y las adolescentes no son impunes, son responsables penalmente a partir de los 13 años y cumplen por ello penas de privación de libertad.  A partir de la Convención de los Derechos del Niño y Adolescente, ratificada por Uruguay en el año 1991,  Uruguay cuenta con un Sistema Penal Juvenil que tiene por objetivo regular las conductas delictivas que puedan cometer los y las adolescentes en nuestro país de acuerdo a los estándares internacionales. La privación de libertad del adolescente, el encarcelamiento, puede alcanzar hasta los 5 años de reclusión.  
  • Durante estos meses, infinidad de organismos, instituciones, colectivos sociales, también grupos eclesiales, congregaciones, obispos, la pastoral juvenil nacional, provinciales, personas referentes en este tema en la Iglesia, se han manifestado también en contra de esta iniciativa.

 

Propuestas para el futuro

  • Mejorar los diagnósticos de los menores infractores, conocer las causas y los elementos causantes de sus sufrimientos y agresividades, reconocer los que están afectados por enfermedades y adecuar los espacios para el tratamiento apropiado para cada situación.
  • Mejorar los procesos de formación de los educadores para que realicen su tarea como tales: educadores que acompañan los procesos de los adolescentes y generan espacios para que crezcan en responsabilidad, protagonismo, respeto y solidaridad y garantizar los recursos para ello.
  • Fomentar la creación de más proyectos educativos que contemplen la globalidad de la persona del adolescente, que implique a las personas adultas referentes, también las organizaciones sociales que están realizando su labor educativa con ellos en los barrios y en los centros de formación no formal, el voluntariado, para que el adolescente termine con un compromiso de estudio y de trabajo.
  • Pensar en la posibilidad de bajar la edad de trabajar a los 16 años, en unas condiciones seguras y legales, donde pueda seguir aprendiendo y tenga la experiencia de ganar la plata  con su esfuerzo.
  • Alguna autoridad tendrá que poner medios para no permitir la estigmatización cotidiana en los medios de comunicación, TV especialmente, de “ lo adolescente, lo joven” para que sean respetados sus derechos y no utilizarlos para el morbo esos 15 o 20 minutos, mostrando sus debilidades, pobrezas y miserias, porque eso vende.
  • No existen soluciones mágicas para una realidad tan compleja como la inseguridad,  los delitos y la justicia en una sociedad con tantos problemas;  creer que si se baja la edad de imputabilidad penal a los 16 años cambia algo es simplificarlo; hacen falta mucho acuerdo, caminar juntos y buscar los mejores medios y procesos, tiempo y constancia.
  • Finalmente queremos recalcar que este es un problema que nos implica a todos, no es problema del gobierno o de los encargados de los adolescentes. Hay muchas cosas que podemos hacer en las iniciativas de los barrios, de las asociaciones o las iglesias, de las instituciones educativas y tantos otros para generar espacios sanos, de encuentro y hacer cosas juntos, de aprendizajes y abrir nuevas oportunidades, porque estamos convencidos que nuestro futuro como sociedad pasa por conseguir las mejores condiciones para que los adolescentes y los jóvenes  puedan ser protagonistas y construir su presente y su futuro en confianza y libertad.

 

 

Josetxo García. 

Vicepresidente Cáritas Uruguaya



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