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CONFERENCIAS EPISCOPALES DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
Lunes 02 de Marzo del 2015
En Venezuela la oposición pide ayuda al Papa ante el asesinato de jóvene

Un centenar de opositores venezolanos han pedido este miércoles la intervención del papa Francisco ante sucesos como la trágica muerte de un estudiante de 14 años en la ciudad de San Cristóbal, en el Estado de Táchira.

Al adolescente, llamado Kluiver Roa, le disparó un policía a quemarropa durante una protesta contra el gobernador. Falleció antes de llegar al hospital y el oficial fue detenido.

La muerte del pequeño se une a la de otros cinco jóvenes que han sido asesinados en las últimas semanas, también de disparos en la cabeza, en distintas zonas del país.

La dirigente opositora María Corina Machado ha entregado a un miembro de la Nunciatura Apostólica en Caracas una carta dirigida al Pontífice en la que le pide su “protección” e “intervención” a “favor de la vida de los hijos de las madres venezolanas” que “están siendo asesinados en Venezuela”.

“Las madres no dejaremos de luchar hasta entregar a nuestros hijos un país en libertad y democracia”, ha dicho Machado a los periodistas.

En la concentración frente a la representación diplomática de la Santa Sede han participado también familiares de los líderes opositores presos Leopoldo López y Antonio Ledezma.

Tras conocerse la noticia de la muerte de Kluiver Roa, que recibió un balazo mientras ayudaba a una joven a quien los policías habían disparado perdigones en la espalda, los estudiantes venezolanos han reactivado las manifestaciones en todo el país. 

Las protestas se han sucedido en Zulia, Barinas, Mérida y Carabobo, además de en Táchira, donde se ha vivido un día de duelo. En Caracas, un grupo nutrido de jóvenes ha logrado acercarse a la sede del Ministerio de Interior, en el centro de la capital, para exigir justicia.

Los estudiantes reclaman que se derogue una polémica resolución del Ministerio de la Defensa, la número 008610, que permite el uso de armas de fuego en las manifestaciones. 

Recientemente, la Iglesia ha rechazado también esta medida ministerial, publicada el pasado mes enero, donde se establece un nuevo modelo de control militar del orden público.

Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha roto el silencio mantenido durante un año sobre Venezuela para manifestar de nuevo su “profunda preocupación” por la tensa situación que atraviesa el país sudamericano.

El 21 de febrero de 2014, en plenas protestas sociales en Venezuela, la CIDH se decía “profundamente preocupada” por las “supuestas violaciones a los derechos a la protesta pacífica, a la vida, a la integridad y libertad personal de los manifestantes, libertad de asociación y el derecho a la libertad de expresión”.

Asimismo, mencionaba el encarcelamiento del líder opositor Leopoldo López y alertaba en contra de “perseguir penalmente a los críticos o disidentes políticos”.

Doce meses más tarde, Leopoldo López sigue en prisión preventiva y junto a él se han unido varios opositores más. El último, el alcalde de Caracas, Antonio Ledezma. Además, otra de las líderes de las protestas de 2014, María Corina Machado, ha sido destituida de su cargo como diputada y se encuentra imputada.

Ante esta situación, la CIDH ha urgido al Estado “a no criminalizar a los líderes políticos de la oposición y a garantizar la participación de todos los sectores en la vida política de Venezuela”. También le ha pedido “buscar soluciones pacíficas” y “generar un diálogo con la oposición dentro del marco de la democracia, el Estado de Derecho y la plena vigencia de los derechos humanos”.

En un comunicado, la Comisión además ha recordado a Venezuela “su obligación de garantizar la vida, la integridad y la seguridad de todas las personas privadas de libertad, así como condiciones de detención conformes con los estándares internacionales en la materia”.

Por último, ha reconocido “el deber de los Estados de mantener el orden público y proteger a todas las personas bajo su jurisdicción del delito y la violencia”. Sin embargo, ha subrayado que los métodos que se utilicen "deben ser congruentes con los derechos humanos" y "con los principios que inspiran una sociedad democrática”. 

 



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