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CONFERENCIAS EPISCOPALES DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
Lunes 25 de Noviembre del 2013
Discurso del Comité de Solidaridad con los Desnacionalizados frente a la CIDH
Este es el texto que leí en nombre del Comité de Solidaridad con los Desnacionalizados frente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos Palabras leídas por Miguel Ceara-Hatton[1] en representación del Comité de Solidaridad con los Desnacionalizados frente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos[2]

Casi desde el inicio del Siglo XVI la Isla de Santo Domingo fue abandonada por España, ese abandono se convirtió despoblaciones en el SXVII, lo cual dio origen a la ocupación francesa en el noroeste de la isla y eventualmente a la creación de la colonia francesa de Saint Domingue que se convirtió en la más rica colonia francesa durante el SXVIII. Esa riqueza se creó alrededor de la producción azucarera, organizada bajo el sistema de plantación en base a una intensa y cruel esclavitud. La crueldad era parte constitutiva del sistema de plantaciones, porque era única la forma posible de que unos pocos miles de propietarios blancos pudieran vivir en medio de casi 500 mil esclavos.

Mientras tanto la parte Este de la isla, la parte española languidecía en la más absoluta pobreza con una economía basada en el contrabando y el corte de la madera. En el inicio del SXIX, en 1804 se produce la independencia haitiana con la más profunda revolución social y racial de las Américas, mientras que en la parte Este, pasaba de ser un territorio francés a español, pero en el marco del abandono de los poderes coloniales para ser ocupada por los haitianos en 1822, quienes en gran medida fueron bien recibidos dada la pobreza generalizada de la parte Este.

Sin embargo, en la medida en que la ocupación se prolongó y las expectativas de la población no se vieron satisfechas se generó un movimiento separatista que se consumó en 1844. En ese momento Haití era un país de casi medio millón habitantes y la República Dominicana apenas pasaba los 100 mil habitantes. El resto del siglo XIX fue de grandes vicisitudes para ambos países, Haití organizado alrededor de la economía campesina, del café y teniendo que pagar un alto costo, por haber sido el primer país de esclavos que se independizaba mientras los dominicanos se organizaban alrededor del tabaco, la explotación de la madera y la ganadería.

Posteriormente en el último cuarto del siglo XIX, empezó a desarrollarse la industria azucarera basada en la plantación pero en el marco de una economía capitalista. Así el siglo XX se inicia, teniendo Haití el triple de la población dominicana pero en trayectorias económicas que empezaban a revertirse. La economía dominicana se aceleraba impulsada básicamente por el azúcar mientras que la economía haitiana perdía velocidad asociado con el predominio de la economía campesina y los ciclos del café. En la segunda década del Siglo XX ambos países son ocupados militarmente por los norteamericanos, imponiendo férreas dictaduras militares en ambos países pero con resultados económicos diferentes. En Dominicana se desarrolla una infraestructura productiva y se consolida la producción azucarera mientras que en Haití los resultados económicos de la ocupación fueron más exiguos y los excedentes se utilizaron para pagar la deuda[3]. De ese modo ya en 1916, República Dominicana tenía un intercambio comercial con el mundo que era 1.5 veces más grande que el intercambio comercial de Haití con el mundo y partir de la segunda década del SXX la brecha entre los dos países empezó a crecer aceleradamente.

En 1947 una misión de la ONU reconocía en Haití el país del PIB percapita más bajo de América. En 1950, Haití seguía teniendo una población que era 1.5 veces más grande que la dominicana, pero Dominicana tenía un PIB real que era 1.4[4] veces superior al haitiano, exportaba al mundo 2.3 veces más e importaba 1.4 veces más que Haití. Estas diferencias en los niveles de actividad económica explican el flujo migratorio de los haitianos hacia República Dominicana. La industria azucarera tuvo un crecimiento impresionante. La cual fue inicialmente propiedad extranjera, luego en los años 50 pasó a manos del dictador Trujillo y finalmente pasó a manos del Estado en 1961. Esa industria utilizó intensamente a los braceros haitianos, creándose un sistema donde intervenían los estados, las élites políticas y militares de ambos países, así como las dos empresas privadas dedicadas a la producción azucarera en Dominicana.

El sistema implicaba la importación anual de miles de braceros que quedaban inmovilizados y bajo control en las grandes plantaciones azucareras, produciéndose todo tipo de injusticias y exclusiones, cuya expresión visible ha sido el batey. Es a finales de la década del 30 del Siglo XX, con la matanza de varios miles de haitianos durante la dictadura de Trujillo cuando empieza una activa construcción de la identidad dominicana como negación de lo haitiano. Cuando a la “raza negra” del haitiano se le opone la “raza blanca del dominicano”. Al vudú se le opone el catolicismo y a la africanía se le opone la hispanidad. Esa ideología se refuerza en la década del 40 y 50 del Siglo XX, con los intentos de Trujillo de “blanquear la raza” mediante la promoción de migraciones de europeos. Sin embargo, en las décadas siguientes (del 60 al finales del 80) el tema se diluye, por lo menos como parte del debate público, los elementos racistas estaban incorporado en la cultura dominicana, expresado básicamente como un antihaitianismo.

Las tensiones antihaitianas del lado dominicano permanecieron latentes con excepción de brotes esporádicos de conflictos fronterizos aislados y en otros casos se produjeron conflictos de mayor envergadura que involucraban a ambos gobiernos con amenazas que subían de tono pero luego bajaban de nivel. Era una relación “cordialmente tensa”. Tras casi un siglo de inmigración esencialmente indocumentada se produjo prácticamente tres generaciones de dominicanos descendientes de inmigrantes. Esos dominicanos hijos de braceros inmigrantes, permanecían sujetos a las reglas del batey azucarero, siendo vulnerables a toda suerte de injusticias y exclusiones, en un hábitat de pobreza extrema.

La crisis de la economía azucarera dominicana en la década del ochenta del siglo pasado, comenzó a modificar el cuadro descrito, pues la inmigración se vinculó a la agricultura no azucarera y penetró en las zonas urbanas, sobre todo en la actividad de construcción y el sector informal urbano. Por otro lado, la sociedad dominicana se hizo más abierta y plural, visibilizándose en consecuencia el fenómeno migratorio. La población de descendiente de haitianos, nacidas en el territorio nacional se integró plenamente y se asumió como dominicana, pues la mayor parte de ellos se había documentado según las prácticas de la época.

En 1994 vuelve otra vez a tomar impulso la ideología del nacionalismo y racismo antihaitiano, pero esta vez es impulsado por el Presidente Balaguer que se inventó un supuesto plan de fusión de la Isla, señalando que José Francisco Peña Gómez, el líder político de la oposición y de origen haitiano era el instrumento para ese fin. Esa visión “ultranacionalista y racista” de la cuestión haitiana se refuerza en la campaña electoral de 1996, pero esta vez de la mano del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y de grupos de ultraderecha asociado a ese partido que volvieron a impulsar la xenofobia como parte de la campaña política.

En los años siguientes, el PLD nunca se distanció de los nacionalistas ultraderechistas que cada vez fueron imponiendo una agenda conservadora. Así la Ley de Migración 285-04[5] pretendió desconocer tres generaciones de dominicanos de descendencia haitiana, reinterpretando el concepto de tránsito del artículo 11 de la Constitución del 2002, según la cual inmigración irregular estaba en “tránsito”. Esta interpretación fue objeto impugnación y la Suprema Corte de Justicia en 2005 legitimó la interpretación “tránsito” como la condición de los inmigrantes no residentes, convirtiendo en “personas en tránsito” a miles de inmigrantes y sus hijos que tenían tres generaciones residiendo en el país. En el 2005, la sentencia de la CIDH relativas a Jean y Bosico sentó jurisprudencia en cuanto que: primero, el estatus migratorio de una persona no puede ser condición para el otorgamiento de la nacionalidad por el Estado. Segundo, que el estatus migratorio de una persona no se trasmite a sus hijos, y tercero, que la condición del nacimiento en el territorio es la única a ser demostrada para la adquisición de la nacionalidad.

No obstante la Junta Central Electoral en 2007 comenzó a negar y/o quitar documentos a la población de descendientes, que por derecho eran dominicanos de nacimiento. Se les quitaban documentos de identificación, se les negaba la entrega de actas de nacimiento y en general se tendía a borrar por medios burocráticos la condición de ciudadanos dominicanos a miles de descendientes de inmigrantes. En tales condiciones, en el 2010, la reforma constitucional estableció un nuevo criterio para otorgar la nacionalidad dominicana, según la cual los hijos de inmigrantes irregulares no podían beneficiarse de la nacionalidad dominicana, pero reconocía que quienes hasta ese momento tenían la nacionalidad dominicana continuarían ejerciendo ese derecho.

En 2013 el Tribunal Constitucional hace una interpretación in extremis y hace retroactivo ese precepto constitucional, con lo cual desnacionaliza en la práctica a miles de descendientes de inmigrantes desde 1929 en adelante. Lo expuesto demuestra, que la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional, es el producto de una larga cadena de exclusiones sociales y económicas, violaciones al sistema jurídico en materia de derechos y, en general, refleja el régimen de exclusión social en que vive la sociedad dominicana pero que ha llegado al extremo con los dominicanos de descendencia haitiana.

Muchas gracias

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[1] Economista e intelectual dominicano.

[2] 12/2/2013

[3] International Bank For Reconstruction And Development. The Economy Of Haiti. August 5, 1954

[4] http://moxlad.fcs.edu.uy/es/basededatos.html

[5] Esta ley fue elaborada inicialmente por la Cancillería de la República pero fue ampliamente modificada en el Congreso de la República convirtiéndola es un instrumento de los grupos ultranacionalistas.



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